Empresa representante solicitó 180 días hábiles, que terminan el 16 de junio, para contestar observaciones y reparos y 15 servicios públicos de la región.
En alerta y preocupados se encuentran vecinos de 3 comunas de Chiloé y autoridades regionales encabezan la comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Los Lagos, ante el proyecto “Centro de Valorización Integral Ecocal”, que al 16 de junio, como fecha límite, debe responder más de 200 observaciones y reparos hechos por 15 servicios públicos de la región, incluido el Gobierno Regional y el Municipio de Dalcahue.
Fue en mayo del año pasado que el proyecto, se sometió a la Evaluación de Impacto Ambiental a través de una Declaración de Impacto Ambiental, DIA, en el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. Tras la multiplicidad de observaciones recibidas, en diciembre, la empresa solicitó una ampliación de 180 días para responderlas en calidad de Adenda, venciendo el plazo para hacerlo la próxima semana.
El proyecto consiste en la construcción y operación de dos plantas para la transformación y valorización de los subproductos provenientes de las plantas de procesos de mitílidos del Archipiélago; una para la producción de carbonato de calcio para uso agrícola a partir de las conchas limpias; y la segunda planta para la producción de proteína hidrolizada para uso alimenticio animal. La producción alcanzaría 65 mil toneladas de residuos de concha limpia y hasta 32 mil toneladas de residuos orgánicos.
Se pretende que el proyecto esté ubicado en la comuna de Dalcahue a 9 kilómetros de la línea recta de la Ruta 5, que une las localidades de Ancud y Dalcahue en Chiloé, y muy cerca de la comuna de Quemchi. Para ello la empresa adquirió un predio de 141 hectáreas que en su porción central considera una superficie de construcción de 6,16 hectáreas, considerando un cordón vegetacional.
El pasado fin de semana el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Core, Francisco Reyes, junto al vicepresidente, el consejero Andrés Ojeda, se reunieron con representantes de juntas de vecinos, de agua potable rural y de agrupaciones de turismo de la zona para recoger sus preocupaciones y rechazo al proyecto, y por el cual, según se indicó, se ha realizado un gran lobby empresarial en las últimas semanas.
“Hace un año, desde el Core realizamos observaciones a este proyecto y aprobamos esas observaciones, partiendo nuestros reparos en que aquí apenas se realiza una Declaración de Impacto Ambiental y no un Estudio, como corresponde; sin comunicación abierta con la comunidad y no considerando las herramientas de planificación, o los impactos que generaría en el desarrollo del turismo. Hoy recogemos aún más preocupaciones de las comunidades, sobre todo al haber tantas observaciones y reparos técnicos de un proyecto que sin duda impactará negativamente al territorio y sus ecosistemas. Nosotros esperamos las respuestas de la Adenda, pero claramente las inquietudes y requerimientos planteados por los servicios públicos nos hacen formarnos una opinión concreta y seremos responsables con ello”, dijo el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el consejero regional Francisco Reyes.
El informe con observaciones de 15 servicios públicos de la región establece problemas en la descripción del proyecto, en específico en ubicaciones, fases de construcción, funcionamiento, transporte de personal y vehículos, materiales de escarpe y excavación, conectividad, abastecimientos de agua, entre otros.
Al mismo tiempo, existen reparos en la caracterización sobre el área de influencia, enfocado en suelo, mitigaciones por escurrimiento superficial, recurso hídrico, cartografías, antecedentes del estudio hidrogeológico; flora y fauna, entre otros, por plan de manejo; materias primas, referidas a conchillas limpias; emisiones y residuos; almacenamiento y acopios; lixiviados y riles; residuos sólidos y otros residuos; manejo de agua lluvia; normativa ambiental; permisos ambientales sectoriales; residuos peligrosos; planes de contingencia; salud; recursos naturales renovables; sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; patrimonio cultural y arqueológico; compromisos ambientales voluntarios, entre otros.
El vicepresidente de la comisión, Andrés Ojeda, remarcó que se está a la espera de las respuestas exigidas a la empresa, enfatizando que este proyecto afectará grave y directamente la calidad de vida de los habitantes de las comunas de Dalcahue, Quemchi y Ancud y el ecosistema, lo que no está salvaguardado desde ningún punto de vista.
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