El Fiscal Jefe de Ancud, Javier Calisto Garai, recordó que el procedimiento contra el imputado por iniciar el siniestro que en enero de este año destruyó completamente el templo católico que formaba parte del patrimonio arquitectónico de Chiloé, había quedado temporalmente suspendido y el Juzgado de Garantía había ordenado la realización de exámenes psiquiátricos para determinar si el sujeto tenía alguna patología y se determinó posteriormente su internación en el ala psiquiátrica del Hospital Regional de Puerto Montt. El persecutor informó esta tarde que “se hicieron los exámenes por el Servicio Médico Legal, el cual determinó que el imputado no tenía ninguna patología y se respondía que el imputado podía diferenciar entre lo bueno y lo malo, tenía autocontrol, sin perjuicio de una personalidad sociópata que tiene que ver con una circunstancia de personalidad antisocial, que no afecta la situación de razonamiento del imputado y no es una patología, por esa razón el tribunal (de Garantía) determinó el viernes pasado la continuación del procedimiento”.
De este modo, la Fiscalía Local de Ancud en conjunto con los querellantes, “solicitamos la prisión preventiva del imputado, porque estimamos que eso era lo que correspondía en base al hecho, a su gravedad, su connotación, entendiendo que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad”, dijo Calisto. Sin embargo, tras un largo debate, el Juzgado de Garantía consideró que producto de la situación de la pandemia del Covid-19 y de ciertas características del imputado lo hacían vulnerable, determinó no dar la prisión preventiva, pero sí dejarlo con arresto domiciliario total.
“Nosotros no estuvimos conformes con esta resolución”, informó el Fiscal Calisto, quien añadió que “de hecho antes de 24 horas ya habíamos presentado una apelación, la cual se vio en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt”. En representación del Ministerio Público concurrió al alegato la abogada asesora de la Fiscalía Regional, Francisca Pérez-Cotapos. La Corte de Apelaciones, acogiendo los argumentos del organismo persecutor, “revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Ancud y dispuso que el imputado, siendo un peligro para la seguridad de la sociedad, debería permanecer en prisión preventiva”.
Calisto dijo asimismo que “si había alguna duda respecto de la situación mental del imputado, eso quedó dilucidado. El informe del Servicio Médico Legal fue bastante tajante y el tribunal también lo acogió así y por eso dispuso la continuación del procedimiento de manera normal: el imputado puede enfrentar el procedimiento, el imputado puede enfrentar un juicio”.
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